La sequía que azota España en 2025 no es una mera anomalía climática: es una verdadera catástrofe para la agricultura y el empleo rural, con consecuencias profundas y sistémicas.
A lo largo de los últimos años, muchas explotaciones agrícolas han sufrido pérdidas considerables. En los dos últimos años se han destruido más de 50.000 empleos en el sector rural, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, debido a la caída de la producción que exige menos jornaleros y provoca una desaceleración económica grave en los pueblos. Esta cifra, en sí misma alarmante, se agrava cuando observamos que empresas vitivinícolas han anunciado recortes, que afectan a gran parte de la plantilla, como sucedió con la empresa Freixenet, en un contexto de fuerte disminución en la producción de cava atribuida a esta sequía prolongada.
Es innegable que la agricultura española está tocando fondo. La sostenibilidad del campo, esa columna vertebral de nuestro medio rural, está en juego. La reducción de cosechas implica menos jornaleros contratados, menos actividad económica local y un acelerado proceso de despoblación, tanto económico como demográfico. En las zonas más afectadas, estas pérdidas laborales no se traducen sólo en desempleo: significan barrios vacíos, servicios cerrados y el colapso, silencioso pero irreversible, de la España rural.
El impacto se concentra especialmente en los cultivos de secano: trigo, cebada y olivar. Estudios del Banco de España muestran que entre 2022 y 2023 los rendimientos de trigo y cebada bajaron entre un 20 % y un 30 %, mientras el olivar sufrió al menos un 10% de reducción. Esos porcentajes no son cifras abstractas: representan toneladas menos de comida, kilos menos de aceite y desempleo agrario paralelo.
Frente a esto, ¿cómo responde la administración? Desde diversas regiones se han impulsado ayudas de emergencia. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), en esta región, por ejemplo, se han concedido 3,1 millones de euros, a cultivadores de champiñón y seta afectados, incluyéndose pagos por tonelada y un plan estratégico para modernizar el sector. En Murcia, el gobierno regional ha lanzado una línea de 4,5 millones de euros para sustituir 400 000 almendros secos, con ayudas de 12 € por árbol arrancado, dentro del marco de la PAC. Estas medidas son fundamentales, pero no suficientes: atienden síntomas, mientras el problema subyacente—el cambio climático, la falta de infraestructuras hídricas y la degradación de los suelos—sigue sin abordarse a fondo.
En este contexto, surge una crítica aparentemente ajena, pero estrechamente vinculada: la del sistema de etiquetado Nutri-Score. Diseñado para orientar al consumidor respecto a la salud nutricional de los productos, Nutri-Score penaliza productos esenciales del campo español —como el aceite de oliva— clasificándolos con notas de color que despiertan rechazo en el consumidor medio. Esta medida, que pretende simplificar la elección de alimentos, tiene efectos contraproducentes en nuestra agricultura. Alimenta la injusticia de que productos de enorme valor cultural y nutritivo, cultivados en zonas afectadas por la sequía y con un fuerte riesgo de despoblación, queden marginados en el mercado. Así, el sistema, que en teoría promueve una dieta “saludable”, termina castigando explotaciones que ya enfrentan pérdidas de rendimiento, despoblamiento y costes crecientes de producción. Conviene recordar, además, que ningún alimento es intrínsecamente ‘bueno’ o ‘malo’: lo que determina su impacto es el conjunto de hábitos, costumbres y contexto de consumo de cada persona, no una etiqueta simplificada que reduce la complejidad de la nutrición a un código de colores. Esta lógica de mercado exige que cuestionemos no solo la política agraria, sino también las herramientas que afectan directamente al campo y a los productores de productos tradicionales españoles.
Argumentar a favor del campo español no es romanticismo: es necesidad urgente. La agricultura, aunque aporta solo un 2-3 % del PIB, es el sostén económico, ambiental y social de muchas comarcas rurales. Además, su valor estratégico alimentario no puede ser sacrificado en aras de etiquetas que penalizan sin considerar el contexto. Frente a la debacle de la sequía, necesitamos políticas valientes: inversión en infraestructuras hídricas (almacenamiento, desalación, reutilización), fomento del regadío responsable, apoyo a la transición ecológica y modernización del sector, y líneas de financiación plurianual que permitan planificar a largo plazo. También importa la justicia del etiquetado: políticas como Nutri-Score deberían eliminarse, ya que parten de un enfoque simplista de la salud que ignora la realidad territorial y termina perjudicando de manera injusta a los productores locales.
Pero no basta con apoyos superficiales. Debe promoverse la rehabilitación del empleo rural con incentivos para jóvenes agricultores, incorporación de nuevas tecnologías y formación, y medidas específicas para poblar de nuevo las áreas afectadas, quizá vinculando el acceso a ayudas con compromisos de gestión sostenible y creación de empleo local.
La sequía sigue siendo una amenaza viva. A pesar de que la primavera de 2025 trajo lluvias en ciertas regiones, en muchas zonas del Mediterráneo persisten déficits hídricos significativos. Esto prueba que no estamos ante un ciclo extraordinario, sino ante una nueva normalidad climática. Ante ello, el tiempo de acción estratégica es hoy.
La sequía en España no es solo un fenómeno meteorológico: es una crisis que golpea al corazón de la economía rural, destruye empleos y aboca a la despoblación. Los cultivos de secano como el trigo, la cebada o el olivar —y también sectoriales como el cava— están siendo duramente castigados, provocando recortes de empleo y cierres de explotaciones. Aunque algunas ayudas regionales y sectoriales moderan el impacto, persiste una clara carencia de políticas estructurales y de futuro. A ello se suma el absurdo impacto de etiquetados como Nutri-Score, que penalizan alimentos emblemáticos de nuestro campo, acentuando la injusticia agraria. España necesita una política agrícola coherente, que combine apoyos reales al territorio, reconocimiento de su valor nutritivo y cultural, y reformas que aseguren la viabilidad del mundo rural frente a la sequía. Solo así podremos garantizar que el campo siga siendo vida, empleo y alimento para el país.