Durante mucho tiempo, España ha sido visto como un país con acceso garantizado a los alimentos, gracias a su clima privilegiado, su rica tradición agroganadera y su producción agrícola diversa. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese imaginario. La inseguridad alimentaria ha dejado de ser una preocupación marginal asociada únicamente a países en desarrollo para convertirse en un problema creciente dentro de las fronteras europeas.
En España, esta situación afecta no solo a miles de familias que no pueden acceder a una dieta adecuada, sino también a un sector agrícola y ganadero asfixiado por políticas contradictorias, el avance de la crisis climática y un mercado cada vez más concentrado en manos de grandes distribuidoras.
Según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), más de 1,2 millones de personas reciben ayuda alimentaria. Y esta cifra no se limita a personas desempleadas o en situación de exclusión extrema: incluye también a trabajadores con empleos precarios, jóvenes e incluso familias monomarentales. La inflación de los precios básicos, el encarecimiento de la energía y la vivienda y la ausencia de políticas eficaces de redistribución han agravado esta realidad. La pobreza alimentaria ya no es una excepción, sino una consecuencia directa de un sistema que no garantiza el derecho a una alimentación saludable y sostenible.
Pero la inseguridad alimentaria no solo amenaza el acceso a alimentos: también debilita el modelo de producción local. El campo español atraviesa una de sus peores crisis. Solo en 2023, las pérdidas en el sector agroganadero superaron los 4.000 millones de euros, debido al impacto del cambio climático, sequías prolongadas, plagas, escasez de agua y fenómenos meteorológicos extremos. A esto se suma una burocracia asfixiante, una Política Agraria Común (PAC) poco adaptada a las necesidades del pequeño productor y un sistema de distribución dominado por grandes cadenas que imponen precios por debajo de los costes de producción.
En este contexto, la paradoja es alarmante: mientras España exporta una gran parte de su producción agrícola, millones de personas dentro de su territorio no pueden permitirse una cesta básica equilibrada. Además del problema de acceso, surge otro igual de preocupante: la calidad de lo que llega a los hogares más vulnerables. No siempre se trata de productos frescos, ni nutritivos.
La inseguridad alimentaria no es solo una cuestión de escasez o pobreza, también es un problema de soberanía. Y aquí entra en juego una herramienta que, en teoría, buscaba empoderar al consumidor: el sistema de etiquetado Nutri-Score. Diseñado para identificar de forma sencilla los alimentos más saludables mediante un código de colores y letras, el sistema fue inicialmente respaldado por varios países de la Unión Europea. Sin embargo, con el tiempo ha perdido legitimidad debido a sus contradicciones y falta de rigor científico.
Nutri-Score ha sido duramente criticado por nutricionistas y organizaciones de consumidores. Entre otras razones, debido a que no considera el grado de procesamiento o el origen del producto. Así, alimentos tradicionales como el aceite de oliva salen penalizados, mientras que productos industriales reciben buenas calificaciones. Esta simplificación contribuye a la desinformación y beneficia principalmente a las grandes empresas del sector alimentario, cuyos productos salen mejor parados que otros representantes de la gastronomía española como el ya mencionado caso del aceite de oliva, o el jamón ibérico, entre otros.
La retirada del sistema por parte de Nestlé —una de las principales impulsoras del Nutri-Score— es reveladora. La multinacional anunció recientemente que dejará de usar este etiquetado en todos sus productos en Suiza. Este paso atrás evidencia tanto la fragilidad de la herramienta como una estrategia de imagen más que un compromiso real con la salud pública.
Pese a este declive, organizaciones internacionales como la OMS siguen apostando a estas herramientas para dar respuesta a la pandemia de obesidad que amenaza al mundo entero. Un nuevo escenario para promover este tipo de herramientas desactualizadas es la próxima reunión de alto nivel de la ONU que se llevará a cabo en Nueva York, cuyo tema central será la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Este evento, puede ser la oportunidad para dejar atrás modelos que ya han sido desacreditados científicamente como el NutriScore y otros etiquetados nutricionales que no han logrado revertir las tasas de obesidad en países donde fueron adoptados. Lamentablemente, los promotores de estos sistemas, principalmente quienes se benefician de sus permisivas calificaciones, harán lo posible para volver a insertar el tema en la agenda de la ONU. ¿Qué intereses se esconden tras esta presión internacional por imponer un sistema que ha mostrado tantas limitaciones?
La inseguridad alimentaria en España no se resolverá con campañas de concienciación aisladas ni con etiquetas simplificadas. Se requiere una estrategia integral: subsidios a alimentos frescos, apoyo directo a productores locales, regulación efectiva de la industria alimentaria, entre otras.
La transición hacia un modelo alimentario más justo pasa también por fortalecer los canales cortos de comercialización, promover la educación nutricional desde edades tempranas y legislar para garantizar el acceso universal a una dieta variada, de calidad y culturalmente adecuada. La crisis climática y la inflación no pueden seguir siendo excusas para normalizar la malnutrición.
En definitiva, España se encuentra en un punto de inflexión. La inseguridad alimentaria y el colapso del sector agroganadero son dos caras de una misma moneda. Es hora de políticas valientes, coherentes y estructurales que sitúen en el centro el derecho a una alimentación digna, saludable y sostenible. Dejar esta agenda en manos de instrumentos fallidos como el Nutri-Score no solo es ineficaz, sino profundamente irresponsable.